La violencia verbal de los políticos profesionales

«Para Adolf Hitler, pronunciar un discurso era un acto de violencia»

Max Gallo, La noche de los cuchillos largos

Los españoles estamos asistiendo en los últimos tiempos –y en especial desde el Decreto que instauró el Estado de Alarma- a una «escalada» en los niveles de agresividad del discurso político. Hace pocos días, el líder de un grupo parlamentario decía, en la misma sede de la soberanía, lo siguiente, refiriéndose a los representantes de otro grupo político de ideología opuesta: Porque ustedes representan el odio, la hipocresía y la miseria moral, y les aseguro que España, y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan. Quien pronunció estas palabras fue, nada menos, que Pablo Iglesias Turrión, vicepresidente segundo del gobierno de España, el pasado 29 de abril.

Los Estados totalitarios tienen por costumbre utilizar un lenguaje muy agresivo, violento, y ofensivo, porque el poder de sus líderes descansa, en buena parte, en el miedo. Baste de ejemplo la frase de Adolf Hitler que sirve de pórtico. Para Vladimir Ilich Uliánov (Lenin)  el uso de la violencia era esencial en su táctica revolucionaria,  y dijo al respecto:

La dictadura revolucionaria del proletariado es un poder conquistado y mantenido mediante la violencia ejercida por el proletariado sobre la burguesía, un poder no sujeto a ley alguna. (Obras escogidas, T. III, p 37)[1].

Siempre he mantenido la convicción de que el ejercicio de la violencia no sólo se lleva a cabo con acciones que impliquen el uso de la fuerza física, que acaben lesionando a personas o destrozando objetos. También es violencia el insulto, el desprecio o la amenaza, es violencia verbal. La cualidad de violento implica el uso de una fuerza e intensidad extraordinarias, física o –lo que es más importante ahora- moral. Se invoca, en ocasiones, la libertad de expresión para amparar estos excesos, pero se olvida que tal derecho no puede amparar jamás el uso de la violencia.

Ese lenguaje cargado de agresividad –lenguaje, insisto, violento- traspasa la puerta del hemiciclo y contagia, como un virus, a amplios sectores de la sociedad española, que se empieza a notar por momentos más polarizada, es decir, orientada en dos opciones contrapuestas. No hace falta que traigamos a colación la manida frase de Antonio Machado, pero no es bueno que olvidemos nuestra propia historia.

En la web del Congreso de los Diputados pueden consultarse los Diarios de Sesiones de la Cámara en los tiempos de la Segunda República. Si consultamos los de 1936, cuando, tras las elecciones de febrero, gobernaba el Frente Popular, sus niveles de violencia verbal eran muy elevados, reflejo de la virulencia del enfrentamiento político que ya se daba en la sociedad, y en las calles. Esos enfrentamientos desembocaron en la devastadora y cruenta guerra civil.

De dicho Diario de Sesiones sacamos este extracto del discurso del diputado don José Calvo-Sotelo, entre gritos e insultos:

(…) Eso pienso, y hago constar que mientras la presidencia me ampare en mi derecho permaneceré impertérritamente en pie, dispuesto a decir todo lo que tengo que decir. (Nuevas interrupciones: Todas las agresiones han partido de vosotros. (¡Qué cinismo!) Advierto que las interrupciones que tengan carácter ofensivo, viniendo de algunas personas para mí no lo serán. (La Sra. Ibárruri: Id a decir esas cosas en Asturias. —Continúan los rumores.)

Iba diciendo, Sr. Presidente, que con su venia entregaré a la Redacción del Diario de Sesiones los datos cuya lectura omito para no prolongar mi intervención. (Rumores.) Y advierto que entre esos episodios los hay tan horrendos, que los mismos que me interrumpen serían los primeros en guardar silencio, porque no hay ninguna persona, no ya con figura, con alma, que quiere decir figura humana, que ante ciertos episodios canallescos y horrendos, cualesquiera que sean sus autores y sus víctimas, no sienta indignación. (Nuevas protestas.)

El Sr. Azaña se limitaba a calificar de tonterías el incendio de las iglesias. (Denegaciones. — El Sr. Sánchez Albornoz: Pero, ¿cuándo lo ha dicho?) Nunca, Sr. Azaña, se puede calificar así el incendio de un templo. (Rumores y protestas. —El Sr. Presidente reclama orden. —La Sra. Nelken: Hay cosas que no se pueden oír con paciencia, ni con campanilla ni sin ella.)

En la siguiente sesión, de 16 de abril de 1936, el diputado de derechas José María Gil-Robles había hecho recuento de los recientes actos violentos. Se debatía, como estos días de la pandemia, la proposición no de Ley del fin del Estado de Alarma:

Me va a permitir la Cámara que brevemente haga una estadística de cuál es el desconcierto de España desde que el Sr. Casares Quiroga ocupa la, cabecera del banco azul. Desde el 13 de Mayo al 15 de Junio, inclusive:

Iglesias totalmente destruidas, 36. Asaltos de iglesias, incendios sofocados, destrozos e intentos de asalto, 34. Muertos, 65. Heridos de diferente gravedad, 230. Atracos consumados, 24. Centros políticos, públicos y particulares destruidos, 9. Asaltos, invasiones, e incautaciones -las que se han podido recoger-, 46. Huelgas generales, 79. Huelgas parciales, 92. Clausuras ilegales, 7. Bombas halladas y explotadas, 47.

Acabo con un breve extracto de la intervención de la diputada doña Dolores Ibárruri en esa misma sesión:

Cultivasteis la mentira; pero la mentira horrenda, la mentira infame; cultivasteis la mentira de las violaciones de San Lázaro; cultivasteis la mentira de los niños con los ojos saltados; cultivasteis la mentira de la carne de cura vendida a peso; cultivasteis la mentira de los guardias de Asalto quemados vivos. Pero estas mentiras tan diferentes, tan horrendas todas, convergían a un mismo fin: el de hacer odiosa a todas las clases sociales de España la insurrección asturiana, aquella insurrección que, a pesar de algunos excesos lógicos, naturales en un movimiento revolucionario de tal envergadura, fue demasiado romántico, porque perdonó la vida a sus más acerbos enemigos, a aquellos que después no tuvieron la nobleza de recordar la grandeza de alma que con ellos se había demostrado.

Esa violencia verbal tan extremada era entonces reflejo de la violencia real en las calles. Hoy, todavía, ese nivel de violencia total no existe aún en España. Pero el derrotero por el que discurre la política y la sociedad españolas resulta muy preocupante. Como nos enseña la historia, avivar el odio en una nación como la nuestra puede llevarnos a una violencia devastadora. Recuperemos la educación, la cordura y el debate sosegado.

Imagen: Bundesarchiv. (Bbundesarchiv_Bild_146-1982-004-13A_Aufmarsch_am_Abend_der_Machtergreifung_Hitlers.jpg)

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[1] Pueden consultarse fácil y gratuitamente en Internet: https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe3/lenin-obras-3-3.pdf

Pablo Iglesias y la lucha por la independencia judicial

Rudolf von Ihering

Dedicado a Juan Antonio Sáenz de San Pedro, amigo del alma, Magistrado, y sabio

Recientemente, el Vicepresidente Segundo del Gobierno de España ponía seriamente en cuestión la independencia judicial mediante un comentario en la red social twitter, en el que, tras afirmar, de forma retórica[1], que las sentencias deben acatarse o recurrirse, escupía este exabrupto:

«En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso.».

De este modo, una autoridad institucional del poder ejecutivo español ponía seriamente en entredicho una concreta actuación de otro de los poderes del Estado, el judicial. Resulta sencillamente ridículo –no constituyendo sino un desprecio a la inteligencia de los españoles- lo que afirmó, en su tardía reacción, el Presidente Sánchez, diciendo que Iglesias hablaba como Secretario general de Podemos...

Un Estado de Derecho descansa sobre cuatro pilares:

• Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad popular.
• División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
• Legalidad de la Administración: actuación según la ley y suficiente control judicial y
• Derechos y libertades fundamentales garantizados y efectivamente realizados.

En otro post de este mismo Blog hablé ya del Imperio de la Ley, a propósito de la cuestión de Cataluña[2]. Ahora comentaremos el segundo de esos pilares, la división de poderes. Aunque con antecedentes que arrancan en Aristóteles, la formulación del principio más elaborada aparece en «El espíritu de las leyes», de 1748, en el que Montesquieu afirma:

«[no hay libertad] cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.

En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente.».

El título del presente post procede en parte del conocido opúsculo de R. von Ihering La lucha por el Derecho, que llegó a mis manos hace años en la edición de la Editorial Comares, con el prólogo de la traducción española (de Adolfo Posada) escrito por Leopoldo Alas, «Clarín», en 1881, que Giner estimaba como uno «de los trabajos de más intensa profundidad y de más sustancia de nuestra literatura filosófico-jurídica», como nos recuerda, en el estudio preliminar de la obra, José Luis Monereo.

La lucha por el Derecho es un deber moral de todo ciudadano, porque hemos otorgado poderes al Estado, exorbitantes, y ello supone la necesidad de arbitrar mecanismos de control a ese poder, y principal mecanismo para ello es el Derecho[3]. De esta idea surge fácilmente otra: la inevitable tensión entre el estado y el Derecho[4], que plantea importantes retos a la organización política de los Estados, y cuya mejor solución hallada hasta el presente es el concepto de Estado de Derecho, cuyos requisitos son aquellos cuatro que se han señalado.

Como recuerda Elías Díaz, la separación de poderes «constituye el resultado histórico de la lucha contra el absolutismo de los reyes en nombre de los derechos del pueblo»[5]. Mediante la separación de poderes, recíprocamente estos se limitan entre sí. 

Exigencia básica de la separación de poderes es la independencia de los jueces: necesitan, a la hora de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, no estar sometidos a otro imperativo que el de la Ley. Porque, como afirma el profesor Díaz –de lo mejor de la intelectualidad socialista española- «La independencia del poder judicial frente a las presiones tanto del legislativo como, sobre todo, del ejecutivo, constituye una pieza insustituible del Estado de Derecho (…) este punto es, en efecto, central para comprobar si existe o no auténtico Estado de Derecho (…): así, (…) cuando el poder político se inmiscuye bajo formas diferentes en la actuación de los Tribunales (…), puede decirse que no existe en modo alguno Estado de Derecho.»

Sin Estado de Derecho no puede existir una sociedad democrática. Es ontológicamente imposible, jurídica y socialmente inviable. Un Estado en el que no impere la Ley y en el que los poderes no se controlen recíprocamente, porque la separación entre ellos falla, es un Estado autoritario. 

Si no tomamos en serio la independencia de los jueces en su función jurisdiccional, el totalitarismo está llamando a nuestra puerta. Por que, como afirma Ihering, «El derecho [es] una idea de fuerza; he ahí por que la justicia, que sostiene en una mano la balanza donde pesa el derecho, sostiene en la otra la espada que sirve para hacerle efectivo. La espada, sin la balanza, es la fuerza bruta, y la balanza sin la espada, es el derecho en su impotencia». En opinión de Ihering, es el individuo inserto en el organismo político el que debe luchar por el derecho, por sus derechos, y más en una sociedad democrática: «(…) si se quiere saber cómo una Nación defenderá en un caso dado sus derechos políticos y su rango internacional, basta saber cómo el individuo defiende su derecho personal en la vida privada.»

La cuestión es de importancia capital si no queremos dejarnos caer por la pendiente de un populismo lenitivo que nos conducirá directos al autoritarismo. No olvidemos que esa lucha por el derecho –y la independencia judicial es uno de los nuestros- nos incumbe en primer lugar a los ciudadanos. Pero no perdamos toda esperanza, y recordemos, con Clarín, que «la lucha [es] un estado transitorio para llegar a obtener satisfacciones que acaban con ella.»[6].

Imagen: https://gradoceroprensa.files.wordpress.com/2018/03/images13.jpeg?w=171

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[1] Tercera acepción de la palabra retórica en el DRAE: adj. despect. Vacuo, falto de contenido. Una disculpa retórica.

[2] http://www.joaquinpolo.net/2013/09/el-imperio-de-la-ley.html

[3] El iusfilósofo socialista Elías Díaz, hoy catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid afirma (en Estado de Derecho y sociedad democrática) que «Las ideas de control jurídico, de regulación desde el Derecho de la actividad estatal, de limitación del poder del Estado por el sometimiento a la Ley aparecen, pues, como centrales en el concepto del Estado de Derecho (…).».

[4] Como afirma G. Radbruch en su Filosofía del Derecho, «Entre ambos concepto [el estado y el derecho, la prioridad de uno u otro] existe una aguda tensión, tensión como la que se encuentra siempre entre una norma y una realidad (…).»

[5] En la citada Estado de Derecho y sociedad democrática.

[6] Leopoldo Alas en el prólogo a La Lucha por el derecho, de R. von Ihering 

Seres Humanos de encargo

"No hay causa que merezca

más alta prioridad que la

protección y el desarrollo del

niño, de quien dependen la

supervivencia, la estabilidad y

el progreso de todas las

naciones y, de hecho, de la

civilización humana".

Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor

de la Infancia, 30 de septiembre de 1990.

En la Convención de los Derechos del niño de 1989 se nos recuerda lo que ya proclamó la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, esto es, que "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes  como después del nacimiento", y por eso, en su artículo 1º entiende por niño “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

En la convención se deja meridianamente claro que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

En el artículo 7º se establece un derecho que será determinante para garantizar su desarrollo en las mejores condiciones posibles y en todos los ámbitos: “El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”.

Este último Derecho impediría mientras siga vigente este precepto que en cualquier Estado parte de la Convención se autorizara la denominada –eufemísticamente- maternidad subrogada.

Todo esto viene a cuento por la insensata proposición no de Ley presentada por Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid, y que ha sido rechazada por 64 contra 62. Una Diputada del grupo parlamentario popular en esta Asamblea defendía la propuesta porque es una «realidad» en España, “donde entre el 15-20% de las parejas tiene problemas de fertilidad”. El argumento, claramente falaz, es significativo de una tendencia que no será fácil detener, que no es otra que la que advierte José Eugenio Azpiroz: «más pronto que tarde se planteará la reivindicación de modificar la legislación en el sentido de “autorizar” estos contratos y evitar, con ello, los costos de acudir a países extranjeros». Y sigue diciendo: «Si esto llegara a suceder una vez más habrá triunfado la “factibilidad”, el derecho a hacer lo que científica y técnicamente se puede hacer (incluso concretar así el derecho a ser padres), sobre la ética que defiende los valores de la dignidad humana, el que todo no vale (...)».

Bien pensado, son tantas las razones que harían aconsejable no modificar en absoluto el artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida (que, recordemos, prohíbe el contrato de “gestación por sustitución”, sea gratuito u oneroso, declarándolo nulo de pleno derecho) que sorprendería que se produzcan intentos de regular esta aberración, haciéndola plenamente legal. Nuestro Tribunal Supremo las sintetiza de modo excelente en el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia de 6 de febrero de 2014: «[en nuestro ordenamiento jurídico no se acepta que los avances de las técnicas de reproducción humana asistida] vulneren la dignidad de la mujer gestante y del niño, mercantilizando la gestación y la filiación, “cosificando” a la mujer gestante y al niño, permitiendo a determinados intermediarios realizar negocio con ellos, posibilitando la explotación del estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza y creando una especie de “ciudadanía censitaria” en la que solo quienes disponen de elevados recursos económicos pueden establecer relaciones paterno-filiales vedadas a la mayoría de la población»

Digo que “sorprendería”, pero no sorprende. Y no sorprende porque, como recordaba Janne Haaland Matlarry “el nihilismo, un valor dominante en el mundo occidental, ejerce una influencia directa en el modo de entender la familia, la maternidad o los hijos". Como afirmó el entonces cardenal Ratzinger, “la negación de la verdad puede ser hoy el problema clave de la política y la sociedad europeas".

Imagen: www.observatoriobioetica.org

Europa, huérfana

Cuando el pasado mes de octubre acudí a la Santa Misa en la nueva iglesia de Las Tablas, en Madrid, el celebrante me sorprendió con una jugosa plática en la que, con ocasión de la fiesta de Santa Brígida de Suecia, copatrona de Europa, comparó a nuestro continente con un niño huérfano. Podemos, con Dickens, imaginar a este niño viviendo en un lúgubre orfanato, privado del calor y el cariño de sus padres, sintiéndose inseguro, temeroso, desconfiado. Esa inseguridad que le hará ver al semejante como a un enemigo, o como a una víctima, convirtiéndose en perfecto candidato para toda clase de malas inclinaciones, y casi ninguna esperanza de gozar en el futuro de una vida larga y venturosa.

Habiendo Europa renunciado a su identidad cristiana, declarando la muerte de su Padre-Dios, presenta todos los síntomas de aquel niño huérfano, que teme a su futuro porque ha perdido toda la esperanza en sí mismo y en la humanidad.

Traigo esto a colación por los recientes atentados islamistas de París. Lo primero que me gustaría señalar es que, en contra de la opinión dominante, no ha sido un atentado "contra la libertad de expresión".

La libertad de expresión no es un derecho ilimitado ­–como tampoco lo es ningún otro-. En su ejercicio siempre se deben respetar los derechos de los demás. Por ejemplo, en España, el artículo 20 de la Constitución señala al respecto que “estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

Así, en ningún caso resultará admisible el insulto o las calificaciones claramente difamatorias, como establece el Tribunal Constitucional, en sus sentencias SSTC 204/2001, de 15 de octubre; 20/2002, de 28 de enero; STC 181/2006; STC 9/2007. Por tanto tampoco se puede hacer escarnio o mofa de las creencias de los demás, pues hay otro derecho fundamental que las protege.

En España, el artículo 10 de la  Constitución, en su apartado segundo, señala que : Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, norma que, según nuestro TC «obliga a interpretar los correspondientes preceptos de [la Constitución] de acuerdo con el contenido de dichos Tratados o Convenios, de modo que en la práctica este contenido se convierte en cierto modo en el contenido constitucionalmente declarado de los derechos y libertades que enuncia el capítulo segundo del título I de nuestra Constitución». De la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 183 Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 interesa destacar hora su artículo 18, que establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. 

Por ello nuestro Código Penal, castiga a quien “para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.”

Es decir, que los dibujantes y editores de la revista atacada no ejercían su derecho a la libertad de expresión cuando hacían escarnio de las religiones, iban mucho más allá de aquel, abusaban de él y por tanto incurrían en ilegalidad, situándose al margen del Derecho.

En ese sentido es clarificador lo que Benedicto XVI dijo en Munich el 10 de septiembre de 2006: “Las poblaciones de África y de Asia ciertamente admiran las realizaciones técnicas de Occidente y nuestra ciencia, pero se asustan ante un tipo de razón que excluye totalmente a Dios de la visión del hombre, considerando que esta es la forma más sublime de la razón, la que conviene enseñar también a sus culturas. La verdadera amenaza para su identidad no la ven en la fe cristiana, sino en el desprecio de Dios y en el cinismo que considera la mofa de lo sagrado un derecho de la libertad y eleva la utilidad a criterio supremo para los futuros éxitos de la investigación.”

Los terroristas, en realidad, han matado personas, cercenando vidas humanas, y con ello han atentado contra nuestra civilización y contra nuestra cultura, y contra todos nosotros, despreciando el supremo valor de la vida humana. Es decir, han vulnerado los más profundos valores que sustentan nuestra cultura occidental y nuestra visión del mundo, esencialmente el que establece la esencial dignidad del ser humano y el valor absoluto de la vida humana. Como recordaba Benigno Blanco en su Lección inaugural de Apertura de Curso en la UCAM el 12 de noviembre, la civilización occidental [es] la más humanista que ha existido. Sólo aquí, en Occidente, hemos descubierto e interiorizado la radical igualdad entre los seres humanos; sólo aquí hemos construido el concepto de dignidad humana y teorizado los derechos humanos; sólo aquí hemos creado todo un entramado institucional para defender la libertad: el Estado de Derecho; sólo aquí hemos sometido a criterios éticos los más radicales poderes del Estado como la pena de muerte y la guerra; sólo aquí hemos erradicado la tortura y la esclavitud.

Pero… ¿Estos principios siguen siendo hoy los valores sobre los que asienta nuestra civilización occidental? ¿No nos hemos ido encargando nosotros mismos, desde hace décadas, de vaciarlos de contenido, de relativizarlos e incluso de oponernos a ellos, renunciando así a nuestra propia esencia?

En la vieja, envejecida y esclerótica Europa, víctima del pensamiento débil, ha dejado de tener sentido la apelación a la verdad del hombre, y a un humanismo de raíz cristiana que supuso el fundamento de los Derechos Humanos y de la consagración de la dignidad inviolable de todo ser humano.

El relativismo, con su renuncia al uso de la razón para descubrir la verdad, ha sumido al hombre occidental en un pozo de miedo y de soledad. Los jóvenes europeos que se ven lamentablemente seducidos por los movimientos radicales islamitas posiblemente lo sean por la aversión a caer en el nihilismo. Los asesinos de París –jóvenes esencialmente- no eran una excepción. Porque, como se ha visto, “cuando prescindimos de Dios emprendemos una oscura senda en la que toda degradación es posible”, en palabras de Carlos López Díaz.

La solución, la recuperación de la esperanza está en nuestras manos, pero no será fácil, porque ese pensamiento débil, que es como una enfermedad, rebaja el nivel ético general, de modo que en nombre de un falso concepto de tolerancia se termina persiguiendo a los que defienden la verdad sobre el hombre y sus consecuencias éticas (Papa Francisco, 20-6-2014). Por eso, me temo que, como afirmaba Tácito refiriéndose al Fin del Imperio Romano, “hemos llegado a un momento en que no somos capaces de soportar ni nuestros problemas ni sus soluciones”.

La confusión de J. Antonio Monago

El Presidente de la Junta de Extremadura, D. José Antonio Monago, ha dicho que “nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre ni tampoco nadie puede obligarle a nadie a serlo”. Frase tan evidente por sí misma que resulta asombroso que haya causado tanto revuelo. O no tan asombroso, ya que realmente parte de una confusión muy extendida hoy en día, que genera un equívoco desastroso, sobre todo para el concebido y no nacido.

Y ese equívoco es creer que una mujer es madre sólo a partir del parto. Porque, en realidad, desde el mismo momento en que se produce la fecundación del óvulo por el espermatozoide y aparece en el mundo un nuevo ser humano, único e irrepetible, desde ese preciso instante, la mujer es Madre. El nuevo ser se desarrollará en su interior hasta que nueve meses más adelante, cambiará de lugar, ya no estará en el interior de su madre, sino que todos podremos verlo, oírlo, tocarlo y olerlo. Pero es exactamente el mismo ser, la misma personita, ya esté dentro del seno materno o fuera.  

Como decía la gran Esperanza Puente (la autora de Rompiendo el silencio), esa mujer, que ya es madre, lo podrá ser de un niño vivo, o muerto; porque madre ya es desde que en su interior mora y crece una nueva vida, un nuevo ser cargado de esperanza. Si, cuando esta vida incipiente está en el seno materno, se decide ejercer contra ella ese acto extremadamente violento que es un aborto intencionado, se estará acabando con una vida nueva, distinta a la de la madre, que ya lo era, y lo seguirá siendo.

Nunca está de más recordar estas verdades tan evidentes, y en mi opinión tan sencillas y fáciles de entender para todos, incluso para un Presidente de Comunidad Autónoma.