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martes, 22 de junio de 2021

Sánchez y los indultos a los independentistas catalanes

 


Pedro Sánchez


Hoy, día 22 de junio de 2021, se ha perpetrado, por el Gobierno de España, la concesión del indulto a los condenados por los sucesos del 1º de octubre de 2017. Con su deleznable conducta, el Presidente de España está arrastrando por el fango a todos los españoles a quienes representa, disolviendo las instituciones del Estado y pulverizando el Imperio de la Ley, y todo a cambio de un puñado de votos que le permitan seguir en el poder, la única finalidad de esta auténtica barbaridad.

El mismo Juan Luis Cebrián, en un tibio alegato contra la partitocracia que publica hoy El País[1] descubre el verdadero motivo de la medida de gracia, que Sánchez -y sus acólitos- ocultan: «se oculta la verdadera motivación de la concesión de los mismos: garantizar la mayoría parlamentaria suficiente para el mantenimiento de la estabilidad gubernamental». Que este sea el verdadero motivo de la concesión de los indultos convierte a esta medida en indecente e ilegítima[2] la adopción de tal medida, a la par que pone en dolorosa -por ridícula- evidencia la inmensa campaña de mentiras que ha orquestado Sánchez para confundir a los atribulados españoles. Hoy mismo ha afirmado hacerlo «…pensando en el espíritu constitucional de concordia», cuando en la constitución esa palabra no aparece ni una sola vez.

Muchos españoles vemos en esta medida una defección[3] del gobierno y una derrota de la nación española, y por ello es tan doloroso escuchar -sin réplica alguna- las declaraciones de los facciosos encarcelados o sus compinches, como aquella de Cuixart de que el indulto «será el preludio de la derrota que sufrirá el Estado español en Europa», o la de Junqueras, que grita «el indulto es un triunfo porque demuestra la debilidad del Estado».

Un admirado amigo y camarada -y un sabio con mayúsculas- me decía el otro día que a él le parecía más grave que esto todo el asunto de la “Kitchen”. Pero, sin entrar en comparaciones de gravedades, diré que este asunto me parece a mi peor aún que el propio golpe de Estado de 2017. Porque ahora es el propio Gobierno de España quien se vuelve contra su patria, y la traiciona y vitupera, haciendo añicos el imperio de la Ley, mintiendo a todos y haciendo justo lo contrario de lo que decía hace poco al respecto, cuando se cansaban de repetir que «…nunca más indultos por motivos políticos», que acatarían la sentencia y que no estaba ni en la mente ni en el calendario del gobierno indulto alguno a los sediciosos independentistas.

Toda la campaña de mentiras ha estado centrada en destrozar la credibilidad del Poder Judicial y del órgano judicial que está en la cúspide del mismo, tildando una sentencia, correctísima y dictada con las máximas garantías, de “venganza”.

Por último diré que es muy difícil defender estos indultos, desde ningún punto de vista. La apelación a la paz o a la concordia es falaz, no se lo cree nadie, porque ni los propios reos han pedido ni aceptan -en apariencia, al menos- el indulto que se perpetrará en breve. El arrepentimiento de los condenados brilla por su ausencia. Ningún indicio parece indicar que la paz y el diálogo se verán favorecidos por esta inane medida política. 

Aunque aún no sabemos -como recuerda Cebrián en el anteriormente citado artículo[4] – el alcance de los indultos que se concederán, debe recordarse que el artículo 11 de la denominada «Ley estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto», de 18 de junio de 1870, actualmente en vigor señala:

«El indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador.».

Pero aquí, el desprecio al Tribunal sentenciador es absoluto, por cuanto que ha expresado a las claras su frontal oposición a la medida de gracia, siendo sus motivos de oposición a la misma, en mi opinión, demoledores. Así, el informe del Tribunal Supremo cita a Jordi Cuixart

«que en su respuesta a la Sala afirma que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito. Esas palabras son para el tribunal “la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal. De hecho, expresan una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los Jueces y Tribunales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico y, en fin, a vulnerar los derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual”, subrayan los magistrados.».

La Sala sentenciadora recalca en su informe la gravedad de los delitos cometidos, que atentan contra los pilares de la democracia:

« (…) Varias de las solicitudes de indulto justifican la extinción de la responsabilidad criminal por la desproporción de las penas ante un delito contra el orden público.

La Sala recuerda que su sentencia proclamaba con nitidez que el delito de sedición es algo más que un delito contra el orden público “lo que el hecho probado de nuestra sentencia declara – por más que lecturas parciales e interesadas reiteren lo contrario- no es identificable con el simple desbordamiento de los límites del orden público. Antes al contrario, lo que describe el juicio histórico es un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones como fundamento de la convivencia en el marco constitucional”.

Por ello el tribunal considera que el enfoque tiene que ser distinto cuando lo que está en juego no es la preservación del orden público, sino la solidez de los pilares sobre los que se asienta la convivencia democrática.»

Pues todo esto se lo pasa Sánchez por el arco sur, porque sólo desea conservar su poltrona. Ya lo decía Voltaire: «La política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria».  

 

 Imagen: https://www.lamoncloa.gob.es/



[1] Titulado «El reencuentro», que puede leerse en https://elpais.com/opinion/2021-06-21/el-reencuentro.html. Cuando acaba de leerse deja una sensación agridulce, como cuando uno a un bocado a una tarta de queso a la que se ha olvidado de echar el azúcar que prescribe la receta.

[2] En su sentido de que no está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable, o, en expresión del diccionario panhispánico del español jurídico, «que carece de legitimidad, título válido o justificación suficiente en Derecho.»

[3] DRAE: Acción de separarse con deslealtad de la causa o parcialidad a que se pertenecía.

[4] «(…) no se sabe todavía en qué consisten, aunque un poco más se sabe después de la información que publicara ayer mismo EL PAÍS. Se trata al parecer de un indulto colectivo, disfrazado con matices individuales, y su “utilidad pública” se refiere a “fomentar la convivencia en Cataluña”. Ha sido negociado previamente con los partidos que dirigen los sediciosos, apalabrado con organizaciones sociales, sindicales, empresariales y clericales sin luz ni taquígrafos. Y hasta se han movilizado manifestaciones desde el poder para apoyar la medida. Todo tiene un tono populista muy a la moda, quede donde quede el imperio de la ley.».

lunes, 27 de abril de 2020

Pablo Iglesias y la lucha por la independencia judicial


Rudolf von Ihering

Dedicado a Juan Antonio Sáenz de San Pedro, amigo del alma, Magistrado, y sabio

Recientemente, el Vicepresidente Segundo del Gobierno de España ponía seriamente en cuestión la independencia judicial mediante un comentario en la red social twitter, en el que, tras afirmar, de forma retórica[1], que las sentencias deben acatarse o recurrirse, escupía este exabrupto:
«En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso.».
De este modo, una autoridad institucional del poder ejecutivo español ponía seriamente en entredicho una concreta actuación de otro de los poderes del Estado, el judicial. Resulta sencillamente ridículo –no constituyendo sino un desprecio a la inteligencia de los españoles- lo que afirmó, en su tardía reacción, el Presidente Sánchez, diciendo que Iglesias hablaba como Secretario general de Podemos...
Un Estado de Derecho descansa sobre cuatro pilares:
  • Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad popular.
  • División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
  • Legalidad de la Administración: actuación según la ley y suficiente control judicial y
  • Derechos y libertades fundamentales garantizados y efectivamente realizados.
En otro post de este mismo Blog hablé ya del Imperio de la Ley, a propósito de la cuestión de Cataluña[2]. Ahora comentaremos el segundo de esos pilares, la división de poderes. Aunque con antecedentes que arrancan en Aristóteles, la formulación del principio más elaborada aparece en «El espíritu de las leyes», de 1748, en el que Montesquieu afirma:
«[no hay libertad] cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.
En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente.».
El título del presente post procede en parte del conocido opúsculo de R. von Ihering La lucha por el Derecho, que llegó a mis manos hace años en la edición de la Editorial Comares, con el prólogo de la traducción española (de Adolfo Posada) escrito por Leopoldo Alas, «Clarín», en 1881, que Giner estimaba como uno «de los trabajos de más intensa profundidad y de más sustancia de nuestra literatura filosófico-jurídica», como nos recuerda, en el estudio preliminar de la obra, José Luis Monereo.
La lucha por el Derecho es un deber moral de todo ciudadano, porque hemos otorgado poderes al Estado, exorbitantes, y ello supone la necesidad de arbitrar mecanismos de control a ese poder, y principal mecanismo para ello es el Derecho[3]. De esta idea surge fácilmente otra: la inevitable tensión entre el estado y el Derecho[4], que plantea importantes retos a la organización política de los Estados, y cuya mejor solución hallada hasta el presente es el concepto de Estado de Derecho, cuyos requisitos son aquellos cuatro que se han señalado.
Como recuerda Elías Díaz, la separación de poderes «constituye el resultado histórico de la lucha contra el absolutismo de los reyes en nombre de los derechos del pueblo»[5]. Mediante la separación de poderes, recíprocamente estos se limitan entre sí. 
Exigencia básica de la separación de poderes es la independencia de los jueces: necesitan, a la hora de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, no estar sometidos a otro imperativo que el de la Ley. Porque, como afirma el profesor Díaz –de lo mejor de la intelectualidad socialista española- «La independencia del poder judicial frente a las presiones tanto del legislativo como, sobre todo, del ejecutivo, constituye una pieza insustituible del Estado de Derecho (…) este punto es, en efecto, central para comprobar si existe o no auténtico Estado de Derecho (…): así, (…) cuando el poder político se inmiscuye bajo formas diferentes en la actuación de los Tribunales (…), puede decirse que no existe en modo alguno Estado de Derecho.»
Sin Estado de Derecho no puede existir una sociedad democrática. Es ontológicamente imposible, jurídica y socialmente inviable. Un Estado en el que no impere la Ley y en el que los poderes no se controlen recíprocamente, porque la separación entre ellos falla, es un Estado autoritario. 
Si no tomamos en serio la independencia de los jueces en su función jurisdiccional, el totalitarismo está llamando a nuestra puerta. Por que, como afirma Ihering, «El derecho [es] una idea de fuerza; he ahí por que la justicia, que sostiene en una mano la balanza donde pesa el derecho, sostiene en la otra la espada que sirve para hacerle efectivo. La espada, sin la balanza, es la fuerza bruta, y la balanza sin la espada, es el derecho en su impotencia». En opinión de Ihering, es el individuo inserto en el organismo político el que debe luchar por el derecho, por sus derechos, y más en una sociedad democrática: «(…) si se quiere saber cómo una Nación defenderá en un caso dado sus derechos políticos y su rango internacional, basta saber cómo el individuo defiende su derecho personal en la vida privada.»
La cuestión es de importancia capital si no queremos dejarnos caer por la pendiente de un populismo lenitivo que nos conducirá directos al autoritarismo. No olvidemos que esa lucha por el derecho –y la independencia judicial es uno de los nuestros- nos incumbe en primer lugar a los ciudadanos. Pero no perdamos toda esperanza, y recordemos, con Clarín, que «la lucha [es] un estado transitorio para llegar a obtener satisfacciones que acaban con ella.»[6].

Imagen: https://gradoceroprensa.files.wordpress.com/2018/03/images13.jpeg?w=171


[1] Tercera acepción de la palabra retórica en el DRAE: adj. despect. Vacuo, falto de contenido. Una disculpa retórica.
[3] El iusfilósofo socialista Elías Díaz, hoy catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid afirma (en Estado de Derecho y sociedad democrática) que «Las ideas de control jurídico, de regulación desde el Derecho de la actividad estatal, de limitación del poder del Estado por el sometimiento a la Ley aparecen, pues, como centrales en el concepto del Estado de Derecho (…).».
[4] Como afirma G. Radbruch en su Filosofía del Derecho, «Entre ambos concepto [el estado y el derecho, la prioridad de uno u otro] existe una aguda tensión, tensión como la que se encuentra siempre entre una norma y una realidad (…).»
[5] En la citada Estado de Derecho y sociedad democrática.
[6] Leopoldo Alas en el prólogo a La Lucha por el derecho, de R. von Ihering 

Un año en la División Azul.

Transcribo a continuación el artículo que publiqué recientemente en el número 743, junio 2021, de la revista mensual BlauDivisión, Boletín d...