Sánchez y los indultos a los independentistas catalanes

 

Pedro Sánchez

Hoy, día 22 de junio de 2021, se ha perpetrado, por el Gobierno de España, la concesión del indulto a los condenados por los sucesos del 1º de octubre de 2017. Con su deleznable conducta, el Presidente de España está arrastrando por el fango a todos los españoles a quienes representa, disolviendo las instituciones del Estado y pulverizando el Imperio de la Ley, y todo a cambio de un puñado de votos que le permitan seguir en el poder, la única finalidad de esta auténtica barbaridad.

El mismo Juan Luis Cebrián, en un tibio alegato contra la partitocracia que publica hoy El País[1] descubre el verdadero motivo de la medida de gracia, que Sánchez -y sus acólitos- ocultan: «se oculta la verdadera motivación de la concesión de los mismos: garantizar la mayoría parlamentaria suficiente para el mantenimiento de la estabilidad gubernamental». Que este sea el verdadero motivo de la concesión de los indultos convierte a esta medida en indecente e ilegítima[2] la adopción de tal medida, a la par que pone en dolorosa -por ridícula- evidencia la inmensa campaña de mentiras que ha orquestado Sánchez para confundir a los atribulados españoles. Hoy mismo ha afirmado hacerlo «…pensando en el espíritu constitucional de concordia», cuando en la constitución esa palabra no aparece ni una sola vez.

Muchos españoles vemos en esta medida una defección[3] del gobierno y una derrota de la nación española, y por ello es tan doloroso escuchar -sin réplica alguna- las declaraciones de los facciosos encarcelados o sus compinches, como aquella de Cuixart de que el indulto «será el preludio de la derrota que sufrirá el Estado español en Europa», o la de Junqueras, que grita «el indulto es un triunfo porque demuestra la debilidad del Estado».

Un admirado amigo y camarada -y un sabio con mayúsculas- me decía el otro día que a él le parecía más grave que esto todo el asunto de la “Kitchen”. Pero, sin entrar en comparaciones de gravedades, diré que este asunto me parece a mi peor aún que el propio golpe de Estado de 2017. Porque ahora es el propio Gobierno de España quien se vuelve contra su patria, y la traiciona y vitupera, haciendo añicos el imperio de la Ley, mintiendo a todos y haciendo justo lo contrario de lo que decía hace poco al respecto, cuando se cansaban de repetir que «…nunca más indultos por motivos políticos», que acatarían la sentencia y que no estaba ni en la mente ni en el calendario del gobierno indulto alguno a los sediciosos independentistas.

Toda la campaña de mentiras ha estado centrada en destrozar la credibilidad del Poder Judicial y del órgano judicial que está en la cúspide del mismo, tildando una sentencia, correctísima y dictada con las máximas garantías, de “venganza”.

Por último diré que es muy difícil defender estos indultos, desde ningún punto de vista. La apelación a la paz o a la concordia es falaz, no se lo cree nadie, porque ni los propios reos han pedido ni aceptan -en apariencia, al menos- el indulto que se perpetrará en breve. El arrepentimiento de los condenados brilla por su ausencia. Ningún indicio parece indicar que la paz y el diálogo se verán favorecidos por esta inane medida política. 

Aunque aún no sabemos -como recuerda Cebrián en el anteriormente citado artículo[4] – el alcance de los indultos que se concederán, debe recordarse que el artículo 11 de la denominada «Ley estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto», de 18 de junio de 1870, actualmente en vigor señala:

«El indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador.».

Pero aquí, el desprecio al Tribunal sentenciador es absoluto, por cuanto que ha expresado a las claras su frontal oposición a la medida de gracia, siendo sus motivos de oposición a la misma, en mi opinión, demoledores. Así, el informe del Tribunal Supremo cita a Jordi Cuixart

«que en su respuesta a la Sala afirma que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito. Esas palabras son para el tribunal “la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal. De hecho, expresan una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los Jueces y Tribunales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico y, en fin, a vulnerar los derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual”, subrayan los magistrados.».

La Sala sentenciadora recalca en su informe la gravedad de los delitos cometidos, que atentan contra los pilares de la democracia:

« (…) Varias de las solicitudes de indulto justifican la extinción de la responsabilidad criminal por la desproporción de las penas ante un delito contra el orden público.

La Sala recuerda que su sentencia proclamaba con nitidez que el delito de sedición es algo más que un delito contra el orden público “lo que el hecho probado de nuestra sentencia declara – por más que lecturas parciales e interesadas reiteren lo contrario- no es identificable con el simple desbordamiento de los límites del orden público. Antes al contrario, lo que describe el juicio histórico es un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones como fundamento de la convivencia en el marco constitucional”.

Por ello el tribunal considera que el enfoque tiene que ser distinto cuando lo que está en juego no es la preservación del orden público, sino la solidez de los pilares sobre los que se asienta la convivencia democrática.»

Pues todo esto se lo pasa Sánchez por el arco sur, porque sólo desea conservar su poltrona. Ya lo decía Voltaire: «La política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria».  

 

 Imagen: https://www.lamoncloa.gob.es/

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[1] Titulado «El reencuentro», que puede leerse en https://elpais.com/opinion/2021-06-21/el-reencuentro.html. Cuando acaba de leerse deja una sensación agridulce, como cuando uno a un bocado a una tarta de queso a la que se ha olvidado de echar el azúcar que prescribe la receta.

[2] En su sentido de que no está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable, o, en expresión del diccionario panhispánico del español jurídico, «que carece de legitimidad, título válido o justificación suficiente en Derecho.»

[3] DRAE: Acción de separarse con deslealtad de la causa o parcialidad a que se pertenecía.

[4] «(…) no se sabe todavía en qué consisten, aunque un poco más se sabe después de la información que publicara ayer mismo EL PAÍS. Se trata al parecer de un indulto colectivo, disfrazado con matices individuales, y su “utilidad pública” se refiere a “fomentar la convivencia en Cataluña”. Ha sido negociado previamente con los partidos que dirigen los sediciosos, apalabrado con organizaciones sociales, sindicales, empresariales y clericales sin luz ni taquígrafos. Y hasta se han movilizado manifestaciones desde el poder para apoyar la medida. Todo tiene un tono populista muy a la moda, quede donde quede el imperio de la ley.».

¿Un mundo feliz?

“[...] es una trampa mortal para cualquier sistema democrático transformar los deseos en necesidades, las necesidades en derechos, y los derechos, a poder ser, en derechos humanos para que nadie los pueda cuestionar”.

Joseba Arregui. (Exconsejero del Gobierno Vasco). El Mundo, 25/11/2013.

Vivimos en unos tiempos en los que todo el mundo reclama sus derechos, pero sin embargo comienzan a existir palabras de alguna manera proscritas por la dictadura de lo “políticamente correcto”. Algunas de ellas son deber, esfuerzo, autoridad, disciplina, o hasta responsabilidad.

Nos recuerda Janne Haaland Matlary, en su magnífico ensayo Derechos humanos depredados. Hacia una dictadura del relativismo, que "hubo de recorrerse un largo camino hasta que los juicios de Nurembreg instituyeron la dignidad humana como valor supremo, por encima de la política y la Ley, pues situar los derechos humanos por encima de la política y la Ley tiene una gran importancia internacional". Consecuencia de esta consideración fue la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, la cual es consecuencia de una antropología concreta, de una determinada concepción del Ser Humano.

Pero considerar los derechos humanos como concepto pre-político supone introducir en el debate el objetivismo jurídico, es decir, la ley natural, concepto despreciado por los adalides de la modernidad, pues hoy hay que aceptar sin reservas, como lo más moderno y progresista, el positivismo jurídico (a pesar de que, como recuerda Francisco José Contreras, en Liberalismo, catolicismo y Ley natural es un concepto que tiene ya varios miles de años, y puede remontarse hasta la concepción aristotélica de lo “justo legal” en contraposición con lo “justo natural”). Pero hasta el filósofo del derecho socialista Elías Díaz (que, en su libro De la maldad estatal y la soberanía popular sitúa el concepto de “derecho justo” exclusivamente en la “no-violencia y la no-discriminación”) reconoce que hay base para situar la justificación de ello en una "razón ética, es decir, iusnaturalista", pero anima a continuación a superar tales "distorsionantes residuos iusnaturalistas".

En realidad, esta extensión inusitada de los derechos humanos no hace más que diluir su concepto, y tiene su fundamento último en que ya no se sabe qué es el ser humano, no se admite la existencia de una naturaleza humana. La mentalidad contemporánea, relativista y subjetiva, está reñida, como advierte Matlary, con la idea de que "tal naturaleza humana exista y, aún más, de que pueda conocerse a través de la razón".

Por eso, hemos podido leer últimamente en la prensa la reacción indignada de algunos padres de alumnos de un instituto en el que la policía llevó a cabo un registro, tras ser solicitado el mismo por la dirección del centro por la sospecha fundada de que entre los alumnos se trapicheaba con droga.

El buenismo o el infantilismo de nuestra sociedad explica muy bien este hecho, nadie asume responsabilidades, todos somos buenos, benéficos y la venta de droga en los pasillos del instituto es un hecho aislado, por lo que no se puede criminalizar a todos los alumnos… Claro, los niños no podían contemplar cómo existe una ley, unas normas que impiden que se comercie con droga en el propio instituto, que existen fuerzas de seguridad que deben garantizar la aplicación de la ley… muy duro, demasiado duro…

Sin poderlo evitar, esto me ha hecho recordar a Aldous Huxley y su Mundo Feliz. En la pavorosa sociedad que describe, donde los individuos son producidos en granjas y su destino predeterminado desde antes de nacer, se utiliza un medio de control muy efectivo, que no es otro que la inmediata satisfacción de cualquier necesidad. A ello se le añade la destrucción de la familia y la generalización del consumo de drogas. Desde muy pequeños, los niños, que nacen sin una familia y sin el referente paterno y materno, son entrenados en el juego erótico. Se trata de que ninguna necesidad quede sin satisfacción inmediata. Veamos este diálogo entre Mond, el Interventor General y “el salvaje”:

-Pero la civilización industrial sólo es posible cuando no existe autonegación. Es precisa la autosatisfacción hasta los límites impuestos por la higiene y la economía. De otro modo las ruedas dejarían de girar.

-¡Tendrían ustedes una razón para la castidad! -dijo el Salvaje, sonrojándose ligeramente al pronunciar estas palabras.

-Pero la castidad entraña la pasión, la castidad entraña la neurastenia. Y la pasión y la neurastenia entrañan la inestabilidad. Y la inestabilidad, a su vez, el fin de la civilización. Una civilización no puede ser duradera sin gran cantidad de vicios agradables.

En una sociedad esclavizada por la predeterminación y el condicionamiento, la no satisfacción inmediata de cualquier deseo es extremadamente peligrosa. Fijémonos ahora en el diálogo entre la bella Lenina y el "Alfa+" Bernard, un espíritu libre (es decir, defectuoso en aquella sociedad):

“¿Por qué no puedo decirlo? O, mejor aún, puesto que, en realidad, sé perfectamente por qué, ¿qué sensación experimentaría si pudiera, si fuese libre, si no me hallara esclavizado por mi condicionamiento?

-Pero, Bernard, dices unas cosas horribles.

-¿Es que tú no deseas ser libre, Lenina?

-No sé qué quieres decir. Yo soy libre. Libre de divertirme cuanto quiera. Hoy día todo el mundo es feliz.”

(…) Quiero probar el efecto que produce detener los propios impulsos, le oyó decir. Fue como si aquellas palabras tocaran un resorte de su mente.

-No dejes para mañana la diversión que puedes tener hoy -dijo Lenina gravemente.

Nos suena a todos todo esto, ¿verdad?, y ya vemos hacia donde nos conduce: hacia una sociedad de animalitos contentos, en apariencia, que necesitarán “las vacaciones del Soma”, es decir, el escape de la realidad mediante la perdida de la conciencia (es decir, la droga) en cuanto empiecen a vislumbrar que han dejado de ser personas.

Imagen: http://wishwinkwish.blogspot.com.es

Cataluña y "El Imperio de la Ley"

En un reciente artículo, que con el título de “Sin Derecho no hay paz” puede leerse en la web del Foro Español de la Familia (http://www.forofamilia.org), su Presidente, D. Benigno Blanco, afirma :

“El respeto masivo y espontáneo del Derecho es uno de los fundamentos prepolíticos de la vida social, es algo que solo puede anclarse en las convicciones morales personales que nacen de ámbitos de humanización como la religión y la familia. Para salvar o reconstruir una sociedad viable no violenta, es decir, para recuperar el respeto al Derecho, es imprescindible reforzar y mimar esos ámbitos prepolíticos de convicciones éticas. Si estos decaen, se impondrá cada vez más la fuerza bruta, sea la del poder político o económico, la de la opinión pública o la del sentimentalismo manipulado y manipulable al servicio del poder”.

Esta acertadísima reflexión me ha hecho pensar en algo verdaderamente sorprendente: determinados dirigentes autonómicos (pienso ahora en el Presidente de la Generalidad de Cataluña) invocan un supuesto “derecho a decidir”, que revisten de legitimidad democrática y disfrazan de ejercicio democrático perfectamente exigible en una sociedad occidental del siglo XXI, cuando al mismo tiempo, vulneran de modo flagrante, reiterado y alevoso la legalidad vigente.

Hay que recordar a este dirigente político un principio básico, elemental y fundante del orden democrático: el Imperio de la Ley o principio de legalidad.

Es algo tan extremadamente importante en cualquier organización política que se considere a si misma democrática que, si este principio no se cumple, sencillamente no existe un Estado de Derecho. Nuestra constitución lo consagra en el artículo 9º.3 (La Constitución garantiza el principio de legalidad), después de definir al Estado español como un Estado social y democrático de Derecho en su artículo 1º.

Este principio significa sencillamente que la Ley está por encima de todo, todos están sujetos a ella, tanto los ciudadanos como todos los poderes públicos. Si un gobernante, en el uso del poder, incumple sistemáticamente determinadas leyes y deja de aplicar determinadas sentencias, la Democracia, el Estado de Derecho que la sustenta, sencillamente, desaparecen. Se pasa de inmediato a estar inmerso en un tipo distinto de organización política, que desde luego podrá calificarse de cualquier forma, pero nunca como una democracia.

Esto hace decenios que para la doctrina iusfilosófica y jurídico-política está pacíficamente aceptado. En este sentido, me limitaré a citar a un autor muy poco “sospechoso”; me refiero a un temprano Elías Díaz, filósofo socialista, que ya en 1975, en su obra “Estado de Derecho y Sociedad Democrática” (libro publicado por primera vez en marzo de 1975) dejaba bien sentado qué condiciones deben cumplirse para que pueda hablarse de “Estado de Derecho”:

a)     Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad popular

b)    División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial

c)     Legalidad de la Administración: actuación según la ley y suficiente control judicial y

d)    Derechos y libertades fundamentales garantizados y efectivamente realizados.

Refiriéndose al primero, que es el que aquí nos interesa, señala E. Díaz: “El «imperio de la ley» constituye la nota primaria y fundamental del Estado de Derecho (Rule of law)”. Es decir, que sin que la ley sea respetada por todos y en primera instancia por los gobernantes, aplicada debidamente y hecha respetar a todos, no estaremos en  ningún caso en presencia de un Estado Democrático de Derecho. Es así de sencillo.

Hasta en la Rusia soviética (feroz Estado represor y antidemocrático) hacían bandera del principio de legalidad, para intentar aparentar un ligero barniz de normalidad democrática. Cita Elías Díaz al autor soviético N.G. Alexandrov, que en 1959 escribía: “Un rasgo fundamental de la legalidad socialista consiste, ante todo, en asegurar la supremacía de la ley respecto a todas las decisiones de los órganos locales del poder, a todas las decisiones de los órganos de la Administración y de los órganos judiciales y de instrucción”.

Me parece que algunos dirigentes autonómicos de la España de 2013, y muy especialmente el presidente de la Generalidad de Cataluña, tendrían mucho que aprender de los juristas soviéticos de mediados del siglo pasado. Que ante esta asombrosa circunstancia el amable lector saque las conclusiones oportunas.

Imagen: www.absolutrusia.com