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lunes, 7 de septiembre de 2020

Aborto intencionado, PIB y pensiones. Un debate interesado

 



En nota de prensa del pasado 11 de diciembre de 2019, el INE hacía oficial un dato extremadamente preocupante: El crecimiento vegetativo de la población (es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones) presentó un saldo negativo de -54.944 personas en 2018, en datos definitivos. Y, en la primera mitad de 2019, se registraron 170.074 nacimientos, un 6,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, que, a su vez supuso una disminución del 5,8 % respecto al mismo período del año anterior. El número de nacimientos en la primera mitad del año continuó así con la tendencia a la baja de los últimos años, y, como resultado, el saldo vegetativo de la población fue de –45.002[1] personas en los seis primeros meses de 2019. Esta cifra, similar a la del mismo periodo del año anterior, consolida la tendencia negativa iniciada en el año 2015.

Aunque nuestra sociedad empieza a ser consciente de la enorme gravedad del problema, siguen sin analizarse -y menos aún, sin intentar resolverse- las causas últimas de este preocupante fenómeno. Para ver sus causas profundas, debemos comparar ese dato estadístico con otro no menos alarmante: al mismo ritmo que descienden los nacimientos, descienden los matrimonios. En 2018 hubo un total de nacimientos de 372.777, lo que supuso una disminución del 5,19 %, según datos del INE. Y según ese mismo Instituto, hubo 167.613 matrimonios, de decir, un -3,46 % que el año inmediato anterior.

Menos familia, esa es la raíz del problema. El pasado día 8 de enero, The Family Watch presentaba su IX Baremo de la Familia en España, en el que se analizan las causas de la bajísima tasa de fecundidad de la mujer española: una de las conclusiones que se extrae del estudio realizado es que los menores de 45 años, a corto plazo, prefieren prosperar profesionalmente, viajar y ampliar sus estudios a formar una familia, lo que explica en gran medida el preocupante dato de natalidad de nuestro país. Las familias españolas tienen, además, muy poca confianza en el futuro: el pesimismo de las Familias se ha incrementado en más de 20 puntos en el último año (de 36,5% a 57,5%)[2]. Con el añadido del creciente número de abortos intencionados, cuyas cifras alcanzan cuantías pavorosas en España. Porque menos familia implica, sencillamente, menos hijos, negro futuro, inviabilidad del Estado del bienestar e insostenibilidad del sistema de pensiones tal y como está diseñado hoy.

Precisamente,  y con relación a la viabilidad de las pensiones públicas, cuando hace pocos meses, y con respecto a los datos demográficos de 2018, un conocido líder político afirmaba que, si queremos financiar las pensiones, “debemos pensar en cómo tener más niños, no en abortar”, inmediatamente surgieron voces discrepantes en multitud de medios de comunicación, que venían a decir que los datos desmentían esa (tan evidente) afirmación, toda vez que, según ellos, “la solución a corto plazo para solventar la crisis demográfica que pone en jaque el futuro del sistema de pensiones reside en la llegada de población extranjera”[3], además de que, decían, “prohibir el aborto apenas tendría ningún impacto a la hora de recuperar el equilibrio financiero de la Seguridad Social.”

Podemos hacer un cálculo aproximado -y, casi con toda seguridad, inferior a la cifra real- del número de españoles que, habiendo sido concebidos, no han llegado a nacer a causa del aborto intencionado, desde 1985 (hay datos desde 1987)[4]: aproximadamente, unos 2,29 millones, con una media de 74.000 abortos intencionados cada año.

Porque está claro que la natalidad[5] es una cuestión de máxima importancia para el presente, y para el futuro de cualquier sociedad. “¿Por qué nos debe preocupar la natalidad? ¿La decisión de una pareja sobre los hijos que quieran tener no es una cuestión privada? la respuesta a esta segunda pregunta es, en esencia, no. Desde los inicios de la civilización moderna, la natalidad ha sido una importante cuestión de interés público (…).”[6]

Y a nadie se le escapa que el aborto intencionado, en cifras tan abultadas como las habidas en España en los últimos 30 años, influye notablemente en la disminución del índice de fecundidad. De hecho, si no hubiera habido abortos intencionados el índice de fecundidad “hubiera estado en 2015 alrededor de 1,6 hijos/mujer en lugar de 1,33 y más cerca del nivel de reemplazo generacional[7]”

Si España (en realidad, toda Europa) sigue con estas bajísimas tasas de fecundidad, el futuro que nos espera es, más que negro, inexistente. “Consideremos las previsiones siguientes: si una sociedad puede mantener una tasa de fecundidad de 1,9 hijos por mujer, su población al final de este siglo se habrá reducido aproximadamente en un 15%. pero si una sociedad se encalla en una tasa inferior, es decir, de menos de 1,4 hijos por mujer por término medio, al final del siglo su población total será apenas el 25% del tamaño actual (Mcdonald, 2002). España ejemplifica este síndrome de fecundidad muy baja, y, de persistir, en el año 2100 tendrá una población de tan solo 10-15 millones de personas (es preciso recordar que estas previsiones no tienen en cuenta los cambios de población causados por la inmigración o la emigración)”[8].

Esos artículos periodísticos que niegan las abrumadoras evidencias estadísticas son mendaces, porque se limitan a proyectar, a día de hoy, la situación que el aumento del número de cotizantes (por esos abortos intencionados no producidos) tendría sobre el déficit de la seguridad social. Visión tan a corto plazo, y tan carente de virtualidad alguna como solución de futuro, que dejan patente que no eran más que un intento de desacreditar a aquel político que ligó número de abortos con el futuro -no con el presente- del sistema de pensiones.

La viabilidad de dicho sistema, con vistas al medio y largo plazo, es objeto de largos y profundos debates en todo el mundo, principalmente en occidente. Hay quien afirma -autores generalmente instalados en el lado izquierdo del espectro político- que el problema no es demográfico, sino de productividad, y “si la renta per cápita crece, no hay motivo para considerar, sea cual sea la pirámide de población, que (…) los pensionistas no puedan seguir percibiendo los mismos ingresos en términos reales”[9]. Pero, sin embargo, el consenso mayoritario se sitúa en considerar que las pensiones y la natalidad son dos caras de la misma moneda: Fernando Martínez Borlado, en artículo con ese título[10], comenta, a partir de un análisis de la Consultora PwC, de 2010, el exitoso modelo sueco, según el cual, “las cotizaciones de los trabajadores suecos alimentan dos sistemas complementarios de pensiones. Uno es colectivo y básicamente de reparto; y el otro, individual y de capitalización. El primero capta la mayor parte de las cotizaciones (16,5% del salario bruto), y se utiliza para pagar las pensiones de los ya jubilados. Lo que cotiza cada trabajador se va acumulando de manera “virtual” en una cuenta que se le adjudica. Cuando el trabajador se jubila o va a empezar a cobrar su pensión por otro motivo, lo acumulado en su cuenta es la base para el cálculo de su pensión, de tal forma que lo que una persona recibe como pensión es un reflejo más directo de sus aportaciones durante toda su vida laboral”. Y sigue diciendo, que, en la línea que aquí venimos defendiendo, “aunque en el informe de PwC se sugiere que España debería adoptar el modelo sueco, el fomento de la natalidad aparece como una condición previa”.

La estremecedora cifra de abortos intencionados, producidos en España en los últimos 30 años, tiene otro efecto perverso, nunca convenientemente valorado, que es la enorme pérdida de felicidad y bienestar personal que supone la renuncia a la procreación, y más aún, de una renuncia cuando ya se ha procreado, mediante la eliminación del ser en gestación. Al respecto, podemos leer en el informe de Gøsta Esping-Andersen (coordinador)[11] que “también podemos definir la fecundidad como un asunto de bienestar al nivel micro de los individuos y las familias. De hecho, tener hijos es uno de los ingredientes fundamentales en la búsqueda del bienestar y la satisfacción vital, y los datos así lo corroboran varios estudios, que concluyen que los hijos producen un dividendo significativo de felicidad (Aassve et al., 2012; Kohler, 2005). Resulta inexplicable que esta dimensión haya recibido tan escasa atención en los debates sobre políticas públicas. A pesar de ello, fue el tema principal en la defensa que hicieron los Myrdal[12] de políticas activas de apoyo a la familia”.”

Por tanto, concluimos, el hecho de que nos falten nada menos que 2,26 millones de españoles, que habiendo sido concebidos en los últimos 30 años en España, no han nacido por decisión intencionada de quien era responsable de ellos, pone en serio peligro la misma existencia de nuestra civilización.

Imagen: https://www.definicion.xyz/2018/05/estadistica-descriptiva.html



[1] Instituto Nacional de Estadística. Nota de prensa de 8/1/2020.

[2] TFW. NOTA DE PRENSA. PRESENTACIÓN DEL ‘IX BARÓMETRO DE LA FAMILIA TFW’. Madrid, 8 de enero de 2020.

[3] Desde medios oficiales se intenta quitar importancia al problema diciendo que la inmigración será lo que revierta la situación, lo cual no deja de ser un engaño, en el sentido de engañar como “aliviar momentáneamente una sensación o necesidad, o hacer que disminuya”, es decir, como se engaña el hambre. En efecto, basta comprobar que los flujos migratorios hacia España han experimentado un auge impresionante desde el comienzo del nuevo milenio, pero, a pesar de ello, la población baja y el índice de fecundidad de la mujer española está entre los más bajos del mundo. Los inmigrantes resolverán momentáneamente el problema, pero su afluencia no es ninguna solución. En el Estudio “La situación demográfica en España. Efectos y consecuencias”, Separata del volumen II del Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2018 puede leerse: “La llegada de extranjeros ocasiona una mejora de la demografía española, si bien las diferencias que existían en el momento de las llegadas se diluyen a medida que la población extranjera se integra en la sociedad de acogida.”.

[4] https://www.mscbs.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/home.htm#datos

[5] No deben confundirse los conceptos de natalidad y fecundidad, que se emplean como sinónimos, pero que no lo son: “La natalidad es la frecuencia de los nacimientos producidos en el conjunto de una población, es decir, relaciona el número de nacimientos con el número de personas que forman una población concreta. Habitualmente se considera un período de tiempo determinado, por ejemplo, un año. La fecundidad es la frecuencia de nacimientos identificando el subconjunto de la población susceptible de experimentarlos. En otras palabras, relaciona el número de nacimientos con las mujeres en edad de procrear dentro de una población, habitualmente en el transcurso de un año.” Demografía. López Hernández, Dolores y Montoro Gurich, Carolina. 2008.

[6] Frase que puede leerse en el trabajo titulado El déficit de natalidad en Europa. La singularidad del caso español. Colección Estudios Sociales Núm. 36. Gøsta Esping-Andersen (coordinador). Obra Social La Caixa.

[7] Instituto de Política Familiar (IPF), ha elaborado el informe “El Aborto en España 30 años después (1985 – 2015)”. Enero, 2017

[8] Colección Estudios Sociales Núm. 36. El déficit de natalidad en Europa. La singularidad del caso español. Gøsta Esping-Andersen (coordinador). Obra Social La Caixa.

[9] Martín Seco, Juan Francisco. “La sostenibilidad de las pensiones”, en La República, 18/04/2013.

[10]RODRÍGUEZ-BORLADO, FERNANDO. Pensiones y natalidad: dos caras de la misma moneda. 24-julio-2013. Disponible en https://www.aceprensa.com/articles/pensiones-y-natalidad-dos-caras-de-la-misma-moneda/

[11] Colección Estudios Sociales Núm. 36. El déficit de natalidad en Europa. La singularidad del caso español. Gøsta Esping-Andersen (coordinador). Obra Social La Caixa.

[12] Gunnar Myrdal, economista sueco, premio nobel de Economía, y su esposa, Alva Myrdal, premio Nobel de la Paz.

sábado, 28 de mayo de 2016

Los sembradores impuros del Odio


Fina Santiago "Consellera" de asuntos sociales de Baleares. Foto: www.diariodeibiza.es

Decía el otro día en Hermann Tertsch en ABC (1), hablando de los inmensos desaguisados nacionales que están ocasionando –y eso que no llevan aún un año- los neocomunistas de Podemos y adláteres, con el entusiasta apoyo del PSOE, que nuestras ciudades y nuestras instituciones se han convertido en inmensos kindergarten dirigidos por seres no adultos y tiranos que, con desprecio al sentido común, las vidas, las haciendas y los intereses de millones de españoles, se dedican a sus excesos y experimentos como si fueran meras gamberradas. Esta semana que termina se ha consumado una de las peores, por lo debería ser recordada en toda España como la semana de la vileza. Porque en las Islas Baleares se ha derogado la Ley que protegía a la mujer embarazada para que, precisamente, pudiera llevar adelante su embarazo.

Aquella Ley, modélica en muchos aspectos, fue aprobada en 2014, y partía de la declaración de un único derecho, en mi opinión real e incontestable: el que tiene toda mujer embarazada a ser madre. Era una Ley que respondía a una visión de la maternidad positiva y esperanzadora (pues partía del derecho a la maternidad, que ya en 2006 una Ley anterior había establecido, la cual, decía su Exposición de Motivos, “se considera como un bien insustituible”, [por lo que] “todas las cargas y los cuidados que suponen el embarazo, el parto, la crianza y la socialización de las hijas y de los hijos, tienen que recibir ayudas directas de las instituciones públicas de las Illes Balears, con objeto de no constituir discriminación onerosa para las mujeres”), todo lo contrario a esa visión negativa de la misma que hoy se nos intenta imponer, haciéndonos ver la maternidad como un riesgo, como algo dañino para la mujer, que se debe evitar.

Las medidas que se contenían en esa Ley, en cuyo título se expresaba ya su intención de establecer y regular la protección a la maternidad, se inspiraban en lo que insistentemente había pedido la ciudadanía mediante una serie de Iniciativas Legislativas Populares que se habían ido presentando en las Comunidades Autónomas, bajo el título de “ILP RedMadre”, a impulso del Foro de la Familia.

El desencadenante de este gran movimiento popular fue la Ley de Zapatero-Rajoy de 2010,  que culminó el proceso de desprecio a la mujer embarazada que hoy parece hegemónico –y que motiva que la tan manida marginación o discriminación en todos los órdenes de la mujer lo sea en realidad de la madre, o la mujer que lo va a ser-. Esa Ley convirtió el aborto intencionado en una suerte de derecho subjetivo.

Ante la realidad incontestable de que un aborto intencionado es un mal que hay que intentar evitar –premisa que goza de amplio acuerdo-, por lo que el recurso al mismo debe quedar relegado a un último, muy último lugar, esta Ley tenía por objeto “garantizar y proteger el derecho de la mujer embarazada a ser madre, especialmente el de las mujeres que se encuentren en situación de desamparo o riesgo social, propiciando el establecimiento de los medios necesarios de carácter social, jurídico, educativo, sanitario o asistencial que permitan conseguir esta finalidad”.

En ella se establecían medidas muy loables, como establecer la prioridad de la mujer embarazada para acceder a las prestaciones o ayudas, o para evitar que ninguna mujer embarazada sea objeto de perjuicio o discriminación laboral, por motivo de su embarazo o su maternidad, tanto en su ocupación actual como en la solicitud de nueva ocupación. Las medidas legales tenían muy en cuenta la situación que el embarazo puede causar en una menor, y, por ejemplo, establecía que, para aquellas menores que cursen estudios obligatorios, se incluirá una adecuación de los horarios y planes escolares a sus necesidades durante el embarazo. Porque, en definitiva, esta Ley consideraba a la maternidad y la protección del concebido no nacido como principios del estado de bienestar social de la comunidad.

Pues bien, quienes, desde el poder autonómico o local manejan el odio ideológico como único principio de actuación han decidido que la mujer embarazada no tiene derecho a ser madre, y que no merece tampoco protección ni apoyo alguno, ni aún en el caso más grave de desprotección o coacciones. Consideran que no es necesaria ninguna red social de protección que parte de la ciudadanía, porque para ellos la maternidad no es ningún valor, sino algo ofensivo. Han derogado, sin más, y por completo, una magnífica Ley, de hondo calado social, y ello sin justificación alguna. Porque, a pesar de escudarse en que la Ley de Zapatero-Rajoy de 2010 y otras leyes ya prevén medidas de este tipo, ello es sencillamente falso. Ninguna de las medidas de protección de esta Ley figuraban en ninguna otra norma jurídica en vigor, ni a nivel Estatal ni Autonómico. 

También es tramposo, e insulta a la inteligencia del más memo, decir que se deroga porque "Hace un año y medio que está y no ha hecho nada", como dijo la "Consellera" de Asuntos Sociales. Si la Ley no se ha puesto en práctica con medidas presupuestarias no hay que derogarla, sino cumplirla. El desprecio a la Ley es otro de los signos distintivos del azote progre que nos aflige.


(1) ABC. 27/05/2016. "El inmenso Kindergarten".

martes, 14 de abril de 2015

¿Qué hacemos con Cristina Cifuentes?



En entrevista publicada ayer en el diario El Mundo, la flamante candidata popular a presidir el Gobierno de la Comunidad Autónoma madrileña respondía de la siguiente manera a las dos primeras preguntas de la entrevistadora:

P. Es partidaria del aborto. ¿Lo considera un derecho? ¿Qué le parece que haya diputados dispuestos a romper la disciplina?

R. El proyecto actual del Gobierno da cumplimento a lo que decíamos en el programa electoral. El aborto siempre es un fracaso, pero es una realidad. Que haya numerosos abortos en mi país no me gusta. Pero ante esa realidad, ¿qué hacemos? ¿Lo regulamos o lo ignoramos? Paralelamente, creo que es necesaria una mayor educación sexual de los jóvenes. Y también, que todas aquellas personas que quieren tener hijos en unas circunstancias especiales, deberían contar con el apoyo de las administraciones.

P. Pero, ¿es un derecho o no?

R. El aborto es, sin duda, un tema muy complejo que no sólo afecta a cuestiones legales, sino fundamentalmente morales. Y, por tanto, yo soy partidaria de que los diputados puedan votar en conciencia.

En este post me gustaría detenerme en ellas porque son exponente del falaz[1] argumentarlo con el que este “nuevo” PP insiste en su propósito de demostrar que desprecia a su electorado, al que toma por ignorante o estúpido.

Empezando por el final, me parece necesario recordar a doña Cristina que a nadie interesa ahora la opción moral de estar o no a favor del aborto intencionado. No estamos ante una controversia moral, sino ante una cuestión de gran calado jurídico y científico.

Se trata ahora, doña Cristina, de que se derogue, o se mantenga en vigor, una ley que aprobó el gobierno de Zapatero contra la abierta y total oposición del Partido Popular, magníficamente expresada tanto en el voto particular a la ponencia como en el recurso de inconstitucionalidad que ustedes, los del Partido Popular, encabezados por Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, interpusieron, y que inexplicablemente sigue sin resolverse. 

Se trata, doña Cristina, de la regulación jurídica de una conducta que supone “la muerte intencionada de un individuo de la especie humana”, como tan acertadamente lo define el científico chileno Jorge Becker Valdivieso, regulación que debe elegir entre seguir considerando al aborto intencionado como una suerte[2] de derecho subjetivo atribuido a la madre, o regularlo como un delito, con supuestos de exclusión de la responsabilidad criminal. Asuntos todos ellos puramente jurídicos, y no morales, aunque las concepciones morales de cada individuo que integre los poderes del Estado puedan influir en sus preferencias al respecto.

En definitiva, éste del aborto intencionado es un asunto de carácter tan moral como puede serlo la cuestión del blanqueo de capitales, de la violencia machista, del alzamiento de bienes o de la administración desleal. En estos supuestos, y en muchos otros, detrás de la reglamentación que se adopte por el legislador se vislumbrará siempre una determinada opción moral, pero ello no obsta para que se trate de asuntos puramente jurídicos. Pues, como ya podía leerse en Antígona, hace ya unas decenas de siglos “Imposible es conocer de cualquier hombre su ánimo, pensamiento y opinión, hasta que éste aparezca experimentado en el poder y las leyes”. 

Por lo que llevamos dicho hasta ahora, no se acaba de entender entonces la razón por la que doña Cristina cree que los diputados deben de votar “en conciencia” en esta cuestión y no en cualquier otra. 

Y, por último, comentemos lo que me parece lo peor de estas declaraciones: dice doña Cristina que “el aborto siempre es un fracaso, pero es una realidad. Que haya numerosos abortos en mi país no me gusta. Pero ante esa realidad, ¿qué hacemos? ¿Lo regulamos o lo ignoramos?. La respuesta a esa pregunta, puramente retórica, es evidente: ante esa realidad lo que hay que hacer es intentar que no haya abortos, porque si “no le gusta” y lo considera un fracaso –afirmaciones que hay que poner en entredicho, por incongruentes con lo que ella misma se responde- la respuesta evidente es… ¡hay que evitarlo!

Experiencias recientes y cercanas como la polaca demuestran que, si se quiere, la gran mayoría de los abortos intencionados pueden evitarse. Puede ofrecerse a la mujer que pide el aborto –que se ve forzada a ello en muchas ocasiones- otras alternativas, el apoyo social en todos los órdenes, la acogida abierta y cabal o la adopción. Pueden adoptarse todo tipo de medidas para cambiar la interesada y falsa creencia de que el embarazo es un mal que perjudica a la mujer y que se debe evitar, o de que no todos los seres humanos son igualmente dignos y valiosos. Y se puede empezar a reivindicar de nuevo lo que el ser humano siempre intuyó: que una nueva vida humana es siempre y en todo caso algo hermoso, valioso e imprescindible y que su acogida es una fuente de felicidad.

Por último, no está de más volver a Antígona y recordar a doña Cristina y a todos los del PP esas palabras del discurso de Creonte, quien creía que “ahora y siempre, el peor es aquel que gobernando sobre cualquier ciudad no acomete las mejores decisiones sino que ata su lengua por miedo”.





[1] DRAE: 1. adj. Embustero, falso.

[2] DRAE: 9. f. Género o especie de algo

IMAGEN: www.alertadigital.com

miércoles, 18 de febrero de 2015

EL PARTIDO POPULAR Y LA MENTIRA




Hace unos años, paseando por la inmensa ciudad-mercadillo que entonces se llamaba Puerto Stroessner (hoy se llama Ciudad del Este), en Paraguay, intentaba regatear el precio de un reloj “Rolex” porque me parecía muy caro. El vendedor, muy poco amable, me pedía 15 dólares. Cuando le decía que me parecía muy caro me respondía muy serio… “¡es que es un ROLEX!”

Considero que hay una cosa que causa hondo rechazo en el hombre de bien, que molesta profundamente a cualquier persona sensible y cabal. Y ello es que, sin motivo, le traten como si fuera débil mental, o le desprecien, intentando engañarle de manera burda, riéndose en su cara.

Me considero un hombre de bien que no se merece este trato por parte de unos gobernantes, en los que, además, deposité mi confianza en el año 2011. Y hoy se han reído de mi, y de unos cuantos millones de españoles más.

No se puede mentir tanto. No puede el señor Floriano decir con que la reforma de la Ley de aborto del presidente Zapatero que ha presentado hoy, el Partido Popular cumple su programa electoral. Porque es mentira, y él lo sabe.

No se puede decir, como lo ha hecho el propio presidente Rajoy, que no va a modificar la ley porque “no hay consenso”, como si la propia reforma de Bibiana Aído hubiera gozado de alguno, o como si el propio PP no hubiera aprobado leyes sin el menor atisbo de acuerdo con las demás fuerzas políticas. Y menos aún en un tema como el del aborto, en el que todos saben que el consenso es imposible.


La frivolidad y vacuidad de un partido político que todavía hace unos meses representaba la cosmovisión de una buena parte de españoles –de una holgada mayoría de ellos tras las ultimas elecciones-, y su rendición en la batalla de las ideas frente a quienes representan a aquellos que jamás le votarán, me resulta alarmante. Estoy convencido de que este comportamiento tramposo y desleal no ha de quedar impune.

Imagen: www.pp.es

martes, 30 de septiembre de 2014

Maltrato animal



Me merecen todo el respeto quienes defienden a los animales, se oponen a que se les mate o sean torturados o maltratados gratuitamente, piden condiciones de salubridad en granjas, en transportes, protegen a las especies en vías de extinción, a sus crías e incluso a sus huevos, etc.

Por otra parte, nadie duda de que el feto humano es un ser vivo que pertenece al mundo animal (puesto que no se trata de un ser vivo perteneciente al reino vegetal).

Y es sabido que un feto de 14 semanas –al que la madre puede abortar por su sola voluntad, según establece la ley Aído/Rajoy- tiene sensibilidad, y retrocede, tratando de salvar su vida, ante el instrumento quirúrgico que se le acerca para partirlo a cachitos y extraer sus restos del seno de su madre.


Es decir, se trata de un animal salvajemente torturado para causarle la muerte. ¿Porqué no merece la atención y la defensa de las asociaciones protectoras de los animales?

Un año en la División Azul.

Transcribo a continuación el artículo que publiqué recientemente en el número 743, junio 2021, de la revista mensual BlauDivisión, Boletín d...