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martes, 22 de junio de 2021

Sánchez y los indultos a los independentistas catalanes

 


Pedro Sánchez


Hoy, día 22 de junio de 2021, se ha perpetrado, por el Gobierno de España, la concesión del indulto a los condenados por los sucesos del 1º de octubre de 2017. Con su deleznable conducta, el Presidente de España está arrastrando por el fango a todos los españoles a quienes representa, disolviendo las instituciones del Estado y pulverizando el Imperio de la Ley, y todo a cambio de un puñado de votos que le permitan seguir en el poder, la única finalidad de esta auténtica barbaridad.

El mismo Juan Luis Cebrián, en un tibio alegato contra la partitocracia que publica hoy El País[1] descubre el verdadero motivo de la medida de gracia, que Sánchez -y sus acólitos- ocultan: «se oculta la verdadera motivación de la concesión de los mismos: garantizar la mayoría parlamentaria suficiente para el mantenimiento de la estabilidad gubernamental». Que este sea el verdadero motivo de la concesión de los indultos convierte a esta medida en indecente e ilegítima[2] la adopción de tal medida, a la par que pone en dolorosa -por ridícula- evidencia la inmensa campaña de mentiras que ha orquestado Sánchez para confundir a los atribulados españoles. Hoy mismo ha afirmado hacerlo «…pensando en el espíritu constitucional de concordia», cuando en la constitución esa palabra no aparece ni una sola vez.

Muchos españoles vemos en esta medida una defección[3] del gobierno y una derrota de la nación española, y por ello es tan doloroso escuchar -sin réplica alguna- las declaraciones de los facciosos encarcelados o sus compinches, como aquella de Cuixart de que el indulto «será el preludio de la derrota que sufrirá el Estado español en Europa», o la de Junqueras, que grita «el indulto es un triunfo porque demuestra la debilidad del Estado».

Un admirado amigo y camarada -y un sabio con mayúsculas- me decía el otro día que a él le parecía más grave que esto todo el asunto de la “Kitchen”. Pero, sin entrar en comparaciones de gravedades, diré que este asunto me parece a mi peor aún que el propio golpe de Estado de 2017. Porque ahora es el propio Gobierno de España quien se vuelve contra su patria, y la traiciona y vitupera, haciendo añicos el imperio de la Ley, mintiendo a todos y haciendo justo lo contrario de lo que decía hace poco al respecto, cuando se cansaban de repetir que «…nunca más indultos por motivos políticos», que acatarían la sentencia y que no estaba ni en la mente ni en el calendario del gobierno indulto alguno a los sediciosos independentistas.

Toda la campaña de mentiras ha estado centrada en destrozar la credibilidad del Poder Judicial y del órgano judicial que está en la cúspide del mismo, tildando una sentencia, correctísima y dictada con las máximas garantías, de “venganza”.

Por último diré que es muy difícil defender estos indultos, desde ningún punto de vista. La apelación a la paz o a la concordia es falaz, no se lo cree nadie, porque ni los propios reos han pedido ni aceptan -en apariencia, al menos- el indulto que se perpetrará en breve. El arrepentimiento de los condenados brilla por su ausencia. Ningún indicio parece indicar que la paz y el diálogo se verán favorecidos por esta inane medida política. 

Aunque aún no sabemos -como recuerda Cebrián en el anteriormente citado artículo[4] – el alcance de los indultos que se concederán, debe recordarse que el artículo 11 de la denominada «Ley estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto», de 18 de junio de 1870, actualmente en vigor señala:

«El indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador.».

Pero aquí, el desprecio al Tribunal sentenciador es absoluto, por cuanto que ha expresado a las claras su frontal oposición a la medida de gracia, siendo sus motivos de oposición a la misma, en mi opinión, demoledores. Así, el informe del Tribunal Supremo cita a Jordi Cuixart

«que en su respuesta a la Sala afirma que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito. Esas palabras son para el tribunal “la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal. De hecho, expresan una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los Jueces y Tribunales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico y, en fin, a vulnerar los derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual”, subrayan los magistrados.».

La Sala sentenciadora recalca en su informe la gravedad de los delitos cometidos, que atentan contra los pilares de la democracia:

« (…) Varias de las solicitudes de indulto justifican la extinción de la responsabilidad criminal por la desproporción de las penas ante un delito contra el orden público.

La Sala recuerda que su sentencia proclamaba con nitidez que el delito de sedición es algo más que un delito contra el orden público “lo que el hecho probado de nuestra sentencia declara – por más que lecturas parciales e interesadas reiteren lo contrario- no es identificable con el simple desbordamiento de los límites del orden público. Antes al contrario, lo que describe el juicio histórico es un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones como fundamento de la convivencia en el marco constitucional”.

Por ello el tribunal considera que el enfoque tiene que ser distinto cuando lo que está en juego no es la preservación del orden público, sino la solidez de los pilares sobre los que se asienta la convivencia democrática.»

Pues todo esto se lo pasa Sánchez por el arco sur, porque sólo desea conservar su poltrona. Ya lo decía Voltaire: «La política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria».  

 

 Imagen: https://www.lamoncloa.gob.es/



[1] Titulado «El reencuentro», que puede leerse en https://elpais.com/opinion/2021-06-21/el-reencuentro.html. Cuando acaba de leerse deja una sensación agridulce, como cuando uno a un bocado a una tarta de queso a la que se ha olvidado de echar el azúcar que prescribe la receta.

[2] En su sentido de que no está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable, o, en expresión del diccionario panhispánico del español jurídico, «que carece de legitimidad, título válido o justificación suficiente en Derecho.»

[3] DRAE: Acción de separarse con deslealtad de la causa o parcialidad a que se pertenecía.

[4] «(…) no se sabe todavía en qué consisten, aunque un poco más se sabe después de la información que publicara ayer mismo EL PAÍS. Se trata al parecer de un indulto colectivo, disfrazado con matices individuales, y su “utilidad pública” se refiere a “fomentar la convivencia en Cataluña”. Ha sido negociado previamente con los partidos que dirigen los sediciosos, apalabrado con organizaciones sociales, sindicales, empresariales y clericales sin luz ni taquígrafos. Y hasta se han movilizado manifestaciones desde el poder para apoyar la medida. Todo tiene un tono populista muy a la moda, quede donde quede el imperio de la ley.».

viernes, 20 de septiembre de 2013

Cataluña y "El Imperio de la Ley"




En un reciente artículo, que con el título de “Sin Derecho no hay paz” puede leerse en la web del Foro Español de la Familia (http://www.forofamilia.org), su Presidente, D. Benigno Blanco, afirma :
“El respeto masivo y espontáneo del Derecho es uno de los fundamentos prepolíticos de la vida social, es algo que solo puede anclarse en las convicciones morales personales que nacen de ámbitos de humanización como la religión y la familia. Para salvar o reconstruir una sociedad viable no violenta, es decir, para recuperar el respeto al Derecho, es imprescindible reforzar y mimar esos ámbitos prepolíticos de convicciones éticas. Si estos decaen, se impondrá cada vez más la fuerza bruta, sea la del poder político o económico, la de la opinión pública o la del sentimentalismo manipulado y manipulable al servicio del poder”.
Esta acertadísima reflexión me ha hecho pensar en algo verdaderamente sorprendente: determinados dirigentes autonómicos (pienso ahora en el Presidente de la Generalidad de Cataluña) invocan un supuesto “derecho a decidir”, que revisten de legitimidad democrática y disfrazan de ejercicio democrático perfectamente exigible en una sociedad occidental del siglo XXI, cuando al mismo tiempo, vulneran de modo flagrante, reiterado y alevoso la legalidad vigente.
Hay que recordar a este dirigente político un principio básico, elemental y fundante del orden democrático: el Imperio de la Ley o principio de legalidad.
Es algo tan extremadamente importante en cualquier organización política que se considere a si misma democrática que, si este principio no se cumple, sencillamente no existe un Estado de Derecho. Nuestra constitución lo consagra en el artículo 9º.3 (La Constitución garantiza el principio de legalidad), después de definir al Estado español como un Estado social y democrático de Derecho en su artículo 1º.
Este principio significa sencillamente que la Ley está por encima de todo, todos están sujetos a ella, tanto los ciudadanos como todos los poderes públicos. Si un gobernante, en el uso del poder, incumple sistemáticamente determinadas leyes y deja de aplicar determinadas sentencias, la Democracia, el Estado de Derecho que la sustenta, sencillamente, desaparecen. Se pasa de inmediato a estar inmerso en un tipo distinto de organización política, que desde luego podrá calificarse de cualquier forma, pero nunca como una democracia.
Esto hace decenios que para la doctrina iusfilosófica y jurídico-política está pacíficamente aceptado. En este sentido, me limitaré a citar a un autor muy poco “sospechoso”; me refiero a un temprano Elías Díaz, filósofo socialista, que ya en 1975, en su obra “Estado de Derecho y Sociedad Democrática” (libro publicado por primera vez en marzo de 1975) dejaba bien sentado qué condiciones deben cumplirse para que pueda hablarse de “Estado de Derecho”:
a)     Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad popular
b)    División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial
c)     Legalidad de la Administración: actuación según la ley y suficiente control judicial y
d)    Derechos y libertades fundamentales garantizados y efectivamente realizados.
Refiriéndose al primero, que es el que aquí nos interesa, señala E. Díaz: “El «imperio de la ley» constituye la nota primaria y fundamental del Estado de Derecho (Rule of law)”. Es decir, que sin que la ley sea respetada por todos y en primera instancia por los gobernantes, aplicada debidamente y hecha respetar a todos, no estaremos en  ningún caso en presencia de un Estado Democrático de Derecho. Es así de sencillo.
Hasta en la Rusia soviética (feroz Estado represor y antidemocrático) hacían bandera del principio de legalidad, para intentar aparentar un ligero barniz de normalidad democrática. Cita Elías Díaz al autor soviético N.G. Alexandrov, que en 1959 escribía: “Un rasgo fundamental de la legalidad socialista consiste, ante todo, en asegurar la supremacía de la ley respecto a todas las decisiones de los órganos locales del poder, a todas las decisiones de los órganos de la Administración y de los órganos judiciales y de instrucción”.
Me parece que algunos dirigentes autonómicos de la España de 2013, y muy especialmente el presidente de la Generalidad de Cataluña, tendrían mucho que aprender de los juristas soviéticos de mediados del siglo pasado. Que ante esta asombrosa circunstancia el amable lector saque las conclusiones oportunas.

Imagen: www.absolutrusia.com

viernes, 11 de mayo de 2012

El aborto y los perros


Reproduzco a continuación una carta del Obispo de Solsona,  provincia de Lérida, Mons. Xavier Novell, que me ha parecido especialmente brillante. La he leído en InfoCatólica, de donde asimismo he tomado prestada la foto:

“Hace unas semanas se publicó en la prensa la noticia de que un perro abandonado, que causaba temor y peligro a los vecinos de un pueblo de nuestra diócesis, había sido sacrificado a tiros por un concejal del Ayuntamiento. Conocida la noticia comenzaron las reacciones mediáticas reclamando dimisiones políticas e, incluso, acciones judiciales ante la que fue calificada como "la barbarie de Torá".

No pude evitar enfrentarme a una pregunta: Cuando cada año se publican las cifras escalofriantes de los abortos en Cataluña, ¿como es que casi todo el mundo calla? ¿Es que no tiene valor la vida de decenas de miles de nonatos eliminados impunemente? ¿Será cierto que los animales tienen tantos o más derechos que las personas? ¿Qué pasa en este país?

La deformación moral es tan grande que los columnistas y tertulianos pro-abortistas llegan a afirmar que "el aborto es un derecho". Sin juzgar ninguna mujer que haya abortado, porque a menudo son víctimas de una violencia estructural contra la maternidad, ejercida por las empresas, el sistema sanitario o la ideología imperante, hay que decir bien claro y bien fuerte que el aborto es un crimen, uno los más terribles y abominables de la humanidad. Es el asesinato del más indefenso, del propio hijo. Esto lo tenemos que decir sin miedo.

El relativismo moral de nuestra cultura bandeja y vitupera aquellos que nos atrevemos a decir que el aborto es un crimen y nos califica como retrógrados, misóginos, carcas y antidemocráticos. No se quiere escuchar que existe la obligación moral de defender al inocente y perseguir al criminal. Su criterio para discernir lo que está bien y lo que está mal es perverso: está bien lo que la mayoría lo considera un bien, es un derecho lo que la mayoría quiere ejercer sin obstáculos. Este es el camino falso a través del cual se llega a catalogar como un derecho lo que simplemente es un crimen.

¿Cómo puede ser que tengamos entrañas y pedimos caridad para un perro y no las tengamos para un niño no nacido?”

miércoles, 11 de abril de 2012

Cataluña, los Toros y Facebook


Ya estamos en 2012, y ha entrado en vigor la prohibición de los Toros en Cataluña. Hace casi dos años publiqué este post que ahora reproduzco:

En Facebook encontré hace tiempo una foto de José Tomás, a hombros en la monumental de Barcelona, en cuyo pie se decía que en Cataluña a partir de 2012 no se vería más esta imagen del “famoso” asesino de toros. Aquello me dolió mucho. Y escribí esto:

"Gran pueblo el Catalán, más culto y sensible que el resto de los españoles. Por eso, estoy seguro de que en breve en Cataluña se cerrarán todos lo mataderos, centros infames en los que se inflige un sufrimiento atroz a animales criados para morir en ellos sin ver apenas la luz del sol, se prohibirán todas las granjas de pollos, en las que los animalitos malviven en un sufrimiento continuo, todas las granjas de ganado vacuno, el pastoreo y crianza de ganado ovino, destinado en definitiva al matadero, por el mismo motivo, todos los criaderos y todos los cocederos de mariscos (se les mete vivos en agua hirviendo).

Un año en la División Azul.

Transcribo a continuación el artículo que publiqué recientemente en el número 743, junio 2021, de la revista mensual BlauDivisión, Boletín d...